El Consejo de Estado decidió, el jueves 29 de junio, prescindir del statu quo manteniendo la prohibición del velo islámico en las competiciones organizadas por la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Por lo tanto, no accedió al recurso del grupo de «hidjabeuses», que reúne a varios futbolistas con licencia de la FFF y reclama el derecho a llevar el velo durante los partidos organizados por la federación. Los «hidjabeuses» cuentan con el apoyo de la asociación Alianza Ciudadana, que hace campaña, entre otras cosas, por la autorización del burkini en las piscinas municipales, así como de la Liga de Derechos Humanos (LDH), que había presentado un recurso pidiendo la derogación del artículo primero de la FFF que prohíbe cualquier signo religioso ostentoso y cualquier proselitismo durante sus competiciones.
Si no sorprende por el fondo, la decisión del Consejo de Estado lo es por su oportunidad. Llega apenas tres días después de la presentación de las conclusiones de su ponente público, que se había pronunciado a favor de la autorización del velo durante las competiciones -salvo para las jugadoras seleccionadas para la selección-, alegando que la neutralidad de los servicios públicos se aplica a los agentes, y por tanto a los empleados de la FFF, y no a los usuarios, que gozan plenamente de las libertades de creencia, culto y expresión.
La opinión del relator público, que generalmente es seguida por el Consejo de Estado, fue por lo tanto revocada por el juez administrativo. El argumento del relator público había provocado una ola de protestas y amenazas en las redes sociales de la derecha y la extrema derecha. Tanto es así que el Consejo de Estado había publicado, el miércoles, una nota de prensa denunciando “con la mayor firmeza de los ataques dirigidos a la jurisdicción administrativa y en particular al relator público, a raíz de la audiencia del 26 de junio, durante la cual se conoció un caso relativo al uso durante las competencias de fútbol, de cualquier signo o indumentaria que manifieste ostensiblemente un carácter político, afiliación filosófica, religiosa o sindical”.
Sin prejuzgar una posible voluntad política para poner fin a la polémica, la velocidad no ha demostrado que el Consejo de Estado muestre voluntad de no dejar que se pudra el debate sobre un tema muy controvertido en la sociedad francesa. Hace un año, el Consejo de Estado se negó a cambiar el reglamento de las piscinas de Grenoble autorizando el burkini, argumentando que vulneraba la igualdad de trato entre los usuarios, y por tanto el principio de neutralidad del servicio público. Por otro lado, la había autorizado en las playas públicas, explicando que una prohibición solo podía justificarse por «el mantenimiento del orden público» y tenía que ser “proporcionada, teniendo en cuenta la vulneración que causa a las libertades públicas”.
Le queda por leer el 35,23% de este artículo. Lo siguiente es solo para suscriptores.