En un reciente episodio del conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, el Gobierno de Venezuela entregó este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un documento con “evidencias adicionales” respecto a su demanda de soberanía sobre la región, un área abundante en petróleo y recursos naturales. No obstante, el Gobierno venezolano ha reafirmado que no acepta la jurisdicción de la CIJ y que no cumplirá con ninguna decisión que pronuncie el tribunal internacional sobre este tema.
En su declaración oficial, el Gobierno de Venezuela reiteró su posición de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 solucionó finalmente el conflicto sobre el laudo arbitral de 1899, el cual había fijado las fronteras entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, ahora conocida como Guyana. Según Caracas, este acuerdo es el único marco jurídico que compromete a ambos países a encontrar una resolución al desacuerdo, la cual debe lograrse mediante un acuerdo satisfactorio para ambas partes, fuera del contexto del tribunal internacional.
La posición de Venezuela sobre la CIJ
Venezuela, que ha sostenido su reclamación sobre el Esequibo durante décadas, cuestionó la legitimidad de la demanda de Guyana ante la CIJ, al considerar que el proceso iniciado en 2018 por la nación vecina es un «proceso judicial fraudulento». Guyana, por su parte, acudió a la Corte Internacional para que se pronuncie sobre los límites territoriales y reconozca el laudo arbitral, argumentando que dicha decisión debería ser vinculante para ambos países, de acuerdo con la normativa internacional.
El Gobierno venezolano, sin embargo, aclaró que la presentación de nuevos documentos ante la CIJ no implica un reconocimiento de la jurisdicción de la Corte ni una aceptación de la posible decisión que esta pueda emitir. El caso sigue pendiente, y las tensiones entre ambos países continúan en aumento, especialmente en un contexto en el que la situación territorial sigue siendo un tema delicado en la diplomacia de América Latina.
El plebiscito y la formación del Estado de Guayana Esequiba
En una clara manifestación de su postura territorial, el Gobierno venezolano llevó a cabo a finales de 2023 un referéndum en el que consultó a la población sobre su apoyo a la creación de un nuevo estado venezolano en la región del Esequibo. El referéndum planteaba la posibilidad de otorgar la ciudadanía venezolana a los habitantes del Esequibo y, además, de “incorporar ese estado al mapa del territorio venezolano”. Los resultados del referéndum, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, fueron un rotundo apoyo popular a la propuesta.
Este referéndum ha sido calificado por Guyana como una «amenaza existencial» y un paso hacia la anexión de la región. Las autoridades de Georgetown han expresado su firme rechazo a este tipo de movimientos, considerándolos una violación de la soberanía de Guyana. Para Guyana, la disputa sobre el Esequibo fue resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra, y las acciones de Venezuela son vistas como una interpretación errónea de dicho acuerdo.
La reacción de Guyana y la posición de la CIJ
Guyana, que administra el territorio en disputa, ha reiterado que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no invalida la jurisdicción de la CIJ sobre el caso, y que la Corte tiene la autoridad para resolver la disputa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana destacó que la presentación de Venezuela ante la CIJ permitirá a la Corte contar con todos los argumentos, tanto factuales como legales, de las partes involucradas para tomar una decisión final. El gobierno de Guyana ha insistido en que cualquier fallo de la CIJ será vinculante e incontestable, reafirmando su postura de que el tribunal internacional tiene la última palabra en este tipo de disputas territoriales.
El caso sigue pendiente en la Corte Internacional de Justicia, donde se espera que se emita un fallo sobre la disputa en el futuro cercano. No obstante, las tensiones políticas entre Venezuela y Guyana parecen continuar intensificándose, mientras ambas naciones afirman tener la razón en cuanto a su reclamación sobre el territorio.
La formación del Estado de Guayana Esequiba y sus consecuencias políticas
En 2024, el Parlamento Nacional de Venezuela ratificó una legislación para establecer el Estado de Guayana Esequiba, lo cual significó un avance en la táctica de Venezuela para reforzar su reclamo sobre esta área. Dentro de esta estrategia, durante las elecciones de 2025, se seleccionó por primera vez un gobernador y representantes para este estado. Esta medida, junto con la reciente encuesta popular, demuestra el decidido compromiso del Ejecutivo venezolano con la integración del Esequibo a su país.
Por otro lado, la situación ha despertado una creciente inquietud en Guyana y en la comunidad internacional, puesto que las acciones de Venezuela podrían aumentar la tensión en el área. En este sentido, la posición del gobierno de Trump en Estados Unidos podría influir en la evolución de los acontecimientos, debido a su interés en la estabilidad política y económica de América Latina.
El porvenir del conflicto sobre territorio
El conflicto sobre el Esequibo continúa siendo un tema central en las relaciones entre Venezuela y Guyana, y su resolución aún parece distante. A medida que el caso sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia, los gobiernos de ambos países se preparan para lo que podría ser una batalla diplomática prolongada.
La controversia no solo repercute en las dos naciones en cuestión, sino que también tiene consecuencias a nivel regional, especialmente en relación con el aprovechamiento de recursos naturales en el Esequibo, que es una región abundante en petróleo y minerales. La situación también ha destacado la relevancia de los mecanismos de resolución de conflictos internacionales y la necesidad de una estrategia diplomática y legal para solucionar disputas territoriales en un mundo cada vez más interconectado.
Mientras tanto, tanto Venezuela como Guyana siguen firmes en sus respectivos posicionamientos, y el futuro del Esequibo continúa siendo un tema de creciente relevancia en la política de América Latina.