El fiscal nacional Marcelo Solimine pidió al juez de su fuero que se declare incompetente y pase la denuncia a la justicia de la CABA. Carrió volvió a respaldar a D’Alessandro.
El Ministro de Justicia de la Nación Martín Soria sufrió otro traspie judicial. El viernes pasado había denunciado al ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por supuestos delitos que surgían de los chats que le hackearon de su celular en la justicia nacional penal ordinaria para que no fuera investigado por la justicia porteña.
Pero este martes el fiscal del fuero penal ordinario, Marcelo Solimine, dictaminó que la denuncia de Soria debe ser investigada por la justicia porteña.
Por orden del presidente Alberto Fernández, Soria pesa que se basó en un robo de había pedido gatos que investiga si el funcionario portugués cometió delitos en el ejercicio de su función, vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). ) y con la intención de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocupare de destroy una tanda de chalecos antibalas.
La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió el lunes a respaldar a D’Alessandro. Primero dijo que los contratos por el acarreo de autos «se vienen renovando desde la epoca de Carlos Grosso como intendant de Buenos Aires» y la empresa Dakota -que pertenecería a uno de los interlocutores- «no ganó ninguna licitación» durante la gestión de D’Alessandro.
Carrió ofreció para probar sus dichos, en el programa «Desde el Llano» del periodista Joaquín Morales Solá, la documentación con respeto en poder de la Auditoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, Carrió aseguró que durante la gestión de Diego Santilli al frente del ministerio de Seguridad porteño ante una denuncia de ella, el gobierno porteño Comenzó a comprar chalecos antibala para la policía de la Ciudad a Fabricaciones Militares.
Por su parte, el fiscal nacional Solimine invocó la Ley 26.702 para señalar que los delitos denunciados forman parte de aquellos cuya competencia le fue transferida a la justicia porteña. Solimine formó parte de la justicia nacional del fuero penal ordinario, no de la justicia penal federal con sede en Comodoro Py.
El escrito fue presentado ante el juez de ese fuero Martín Peluso, a quien el fiscal le requirió «que se declara incompetente en razón de la materia y remite las actuaciones para que prosigan su estancia ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires«.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el Fuero Penal y Correccional “si era competente resaltadocuando Buenos Aires era la Capital Federal”, pero, a partir de 2003, inició “un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente».
El viernes pasado, el ministro Soria, por expressas instrucciones del Presidente de la Nación Alberto Fernández, había presentado la denuncia contra D’Alessandro «por la posible comisión de los de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho (art. 256 CP ), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP)».
La denuncia fue realizada sobre la base de que varias publicaciones de medios periodísticos K dieron cuenta de la supuesta intervención del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la «concesión del servicio de grúas, las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y otros posibles hechos de corrupción».
Para formalizar la denuncia, el ministro Soria explicó a través de un comunicado y redes sociales que «los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D’Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impuestos nacionales» y «los primeros subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani».
Al presentar la denuncia, Soria afirmó que D’Alessandro entrevista por celular, al igual que todos aquellos que resultaron relacionados con la investigación. Dijo que la información publicada en distintos medios K dio cuenta de que los posibles delitos habrían quedado expuestos a del hackeo y la publicación de los chats en un sitio web fantasma informado primero por el periodista K Néstor Espósito, según el diputado del Frente de Todos , Rodolfo Tailhade.
En un escrito Tailhade negó ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti había enterado antes de la segunda tanda de filtración de chats y dijo que lo informado por radio, el viernes 30 de diciembre, porque le avisó un periodista amigo. Tailhade, al igual que Soria, también pidieron que se investiguen los eventuales delitos que surgirian de los chats robados.