Orange ha encontrado una amenaza de ejecución. Según información de Mundo, el operador de telecomunicaciones arremetió contra la Autoridad de Regulación de las Comunicaciones Electrónicas, Correos y Distribución de Prensa (Arcep), el 3 de febrero, ante el Consejo de Estado. Objetivo: obtener la apertura de una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), para cuestionar un mecanismo sancionador de Arcep. Según la solicitud presentada por el operador, este último “vulnera desproporcionadamente la libertad de empresa”. Orange confirma esta disputa. Laure de La Raudière, la presidenta de la autoridad, se dice «conmocionado» por este procedimiento.
Esta actuación ante el Consejo de Estado sigue a la andanada de críticas suscitadas por Christel Heydemann, directora general de Orange, ante la comisión de asuntos económicos del Senado, el 30 de noviembre de 2022. La dirigente había manifestado su enfado por el escrito de instrucción emitido por Arcep contra la operadora el 17 de marzo de 2022, en la que se le acusó de no haber respetado sus compromisos de despliegue de fibra óptica en zonas moderadamente pobladas conocido como «convocatoria de manifestaciones de ‘intención inversora’.
Una segunda denuncia
«¿Es razonable o incluso útil sancionar al operador que ha hecho de Francia el país con más fibra de Europa?»irrumpió mA mí Heydemann frente a los senadores. Debe abrirse una segunda denuncia, aún ante el Consejo de Estado, relativa al expediente de la tarifa de desagregación, la renta que pagan otros operadores por tomar prestada la red ADSL de Orange. Este último acusa a Arcep de no haber cumplido sus promesas de aumentar el precio.
Más allá de estas disputas, Orange quiere que el Consejo Constitucional considere el tema más amplio de «acumulación, dentro de la misma autoridad administrativa independiente y por las mismas personas, de poderes consultivos y un poder de sanción cuasi-jurisdiccional». Este argumento preocupa a la autoridad reguladora, que lo ve como un ataque a su poder sancionador e independencia. “Este no es el desafío de una decisión aislada. Es voluntad de Orange desafiar todos los objetivos atribuidos a la regulación por voluntad política, por voluntad parlamentaria.teme mA mí de La Raudière, quien cree que “sin la potestad sancionadora, los desplegados, la calidad del servicio, será a su antojo, cuando lo crean conveniente”.
No es la primera vez que Orange solicita la apertura de un QPC contra Arcep. En septiembre de 2019, Stéphane Richard, entonces director general, denunció la “acoso legal” del regulador. Pero, unas semanas después, el operador había calmado las cosas al decidir retirar su denuncia. La batalla se reinicia.
